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ANPE-Madrid



          Retribuciones y ayudas


          El profesorado de la Comunidad de Madrid está viviendo una situación límite
          en términos retributivos. Al deterioro general del poder adquisitivo, que afecta
          a todos los docentes en España, se suma en nuestra región un coste de vida es-
          pecialmente elevado, con precios de la vivienda, suministros y servicios muy por
          encima de la media nacional. Esta realidad hace que, para muchos docentes, vivir
          cerca de su centro de trabajo sea simplemente inasumible.
          Desde el año 2020, el IPC ha subido más de un 20 %, mientras que los salarios
          docentes apenas han aumentado la mitad. Esto se suma a la pérdida de poder
          adquisitivo que ya veníamos sufriendo de antes. Esta pérdida, de los últimos cinco
          años, de más de 10 puntos de poder adquisitivo –agravada por la falta de deflac-
          tación del IRPF–, no solo empobrece a miles de docentes, sino que compromete
          seriamente la sostenibilidad del sistema educativo.

          Muchos jóvenes cualificados descartan la docencia como opción profesional, no
          por falta de vocación, sino porque el salario que se ofrece no permite cubrir ne-
          cesidades básicas en Madrid: pagar un alquiler, mantener una familia o asumir
          los costes del día a día. Este problema se acentúa en especialidades clave de
          Secundaria y en centros de difícil cobertura, lo que pone en riesgo la equidad y la
          calidad del sistema educativo madrileño.

          Por todo ello, reclamamos:
            –  Una actualización salarial que recupere el poder adquisitivo perdido desde
               2020, con carácter urgente y acumulativo.
            –  La implementación de un complemento por capitalidad para el profesora-
               do de la Comunidad de Madrid.
            –  De forma complementaria, un sistema de ayudas específicas para el acceso
               a la vivienda, que reconozca las condiciones del entorno y garantice que
               los docentes puedan vivir dignamente en la región.
            –  Una política fiscal justa, que no castigue con el IRPF los pequeños incre-
               mentos salariales, y que tenga en cuenta la inflación acumulada.
          No se trata solo de una cuestión de justicia laboral, sino de una decisión estraté-
          gica para garantizar el presente y el futuro de la educación pública. Un sistema
          educativo fuerte necesita docentes comprometidos, y para eso es imprescindible
          que puedan vivir con estabilidad, sin que la vocación se convierta en una condena
          económica.
          Sin condiciones laborales dignas, no habrá educación pública de calidad.




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