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6 Nuestra opinión

Actualización urgente de la normativa de

organización y funcionamiento de los centros

educativos en la Comunidad de Madrid

Francisco Rodríguez Sánchez
Secretario de Acción Sindical

M ADRID sigue regulando sus centros con normati-
va de los años 90.

Los colegios públicos de Educación Infantil y Pri-
maria y los Institutos de Educación Secundaria de
la Comunidad de Madrid continúan rigiéndose, en aspectos
esenciales de su organización y funcionamiento, por normati-
va aprobada hace más de tres décadas.

En el caso de los CEIP, sigue vigente la Orden de 29 de junio
de 1994, Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, mientras que
en los IES continúa aplicándose el Real Decreto 83/1996, que
regula el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria y la Orden de 29 de junio de 1994 sobre la organi-
zación y el funcionamiento.
Se trata de disposiciones elaboradas en el marco de la LOGSE,
anteriores a la LOE, la LOMCE y la actual LOMLOE, y diseñadas
para un sistema educativo muy distinto al actual.
Se trata de una normativa desfasada para una escuela del
siglo XXI. Desde la aprobación de estas normas, el sistema
educativo ha experimentado transformaciones profundas:
implantación de nuevas leyes orgánicas, generalización de
la digitalización educativa, incremento de la diversidad en las
aulas, nuevas exigencias en materia de convivencia, mayor
complejidad organizativa en los centros, nuevas figuras y res-
ponsabilidades docentes.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha aprobado un
nuevo Reglamento Orgánico autonómico adaptado a la rea-
lidad actual, a diferencia de otras comunidades autónomas,
como Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, que La Comunidad de Madrid sigue siendo una de las pocas que
sí han actualizado su normativa. mantiene en vigor normativa orgánica anterior al año 2000
sin una revisión integral. Las normas vigentes en Madrid fue-
Esto provoca en los docentes madrileños una situación de ron concebidas en un contexto sin digitalización educativa
inseguridad jurídica, principalmente para los equipos direc- extendida ni metodologías activas centradas en competen-
tivos, además de una ambigüedad en la interpretación de cias, no incorporan adecuadamente principios actuales de
funciones, falta de adaptación a la LOMLOE, regulación in- inclusión, atención a la diversidad, liderazgo pedagógico y
suficiente de coordinaciones y nuevas responsabilidades, y no responden a las necesidades de coordinación docente
un exceso de cargas burocráticas no previstas en la norma- moderna.
tiva vigente.
Esta situación genera incoherencias y fragilidad jurídica que
Diversas comunidades han desarrollado decretos propios de obligan muchas veces a depender de instrucciones anua-
organización y funcionamiento adaptados al marco legislativo les para concretar la organización del curso. Una normativa
actual, actualizando diversos aspectos como las competen- autonómica actualizada mejoraría las funciones de órganos
cias de los órganos de gobierno, el régimen de coordinación colegiados como el consejo escolar y el claustro, permitiría
docente, funciones directivas, la autonomía organizativa y adaptar estructuras a contextos reales sin tener que recurrir
pedagógica y la regulación específica de planes digitales y a instrumentos transitorios y daría mayor seguridad jurídica a
convivencia. directores/as y profesorado.