Buzón de Alcance 205

N u e s t r a o p i n i ó n 5 como los profesores de Audición y Lenguaje y los de Pedagogía Terapéutica. Sin embargo, a fecha de hoy tampoco existe legislación actualizada. La relación de alumnos con necesidades especiales y profesores especia- listas estaba regulada por la Orden de 18 de septiembre de 1990 por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades especiales , pero fue derogada por la Orden EDU/849/2010, que solo es aplicable a territorio MEC (Ceuta y Melilla). En la Comunidad de Madrid, a falta de legislación por no haber desarrollada la suya propia, se sigue utilizando como norma supletoria esta Orden derogada de los años 90. La realidad educativa y los objetivos que queremos conseguir treinta años más tarde han variado mucho desde entonces. ¿Es posible que en una clase de 25 alumnos con dos que requieren adaptaciones significativas o no significativas, tres que necesitan la intervención de especialistas y otro con altas capacidades, se les pueda ofrecer una educación de calidad e inclusiva? ¿Y en Secundaria? Hay profesores que ven a 150 alumnos cada semana. ¿Cómo se atiende a todos y cada uno? ¿Hay algún genio con varita mágica para que esto pueda ser posible sin bajar las ratios? ¿Por qué no se oyen voces que clamen por una educación inclusiva de calidad factible? Pasar de ideales a realidades requiere aceptar verdades poco útiles para titulares. La Educación no produce “imágenes publicitarias”. Quienes hablan de inclusión “desde fuera” proyectan escenarios idílicos de niños felices en aulas relucientes. En la vida real, los maestros y profesores enfrentan situaciones complicadas que no se solucionan mágicamente con palabras bonitas. ¿O es políticamente incorrecto hablar de la dificultad que supone escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales? La ratio de alumnos y profesor evidentemente debe descender de acuerdo con el número de ACNEAE, tanto si requieren intervenciones ordinarias como cuando se debe realizar otro tipo de apoyo. Pero además hay que buscar la forma de agilizar el proceso de diagnóstico, para que las intervenciones educativas se realicen lo antes posible, lo que aumentaría las probabilidades de evitar el fracaso escolar y la frustración en los alumnos. Para esto sería necesario incrementar el número de orientadores y buscar fórmulas que aseguren su continuidad en los equipos. También debemos abordar la continuidad de estos alumnos en el sistema educativo, para que no lo abandonen antes de haber adquirido los conocimientos y capacidades que les permitirán integrarse en la sociedad con visos de éxito personal, que al fin y al cabo es lo que se busca cuando se habla de una educación igualadora. Para lograrlo, habría que asegurar el apoyo y asesoramiento en Secundaria y Formación Profesional, especialmente en la FP Básica, que se ha convertido en la última parada para algunos alumnos y es donde debemos hacer mayor hincapié. Existe un exceso de ratio en todas las aulas, pero además hay un vacío legal en cuanto a la reducción de ratios por el número de alumnos con necesidades educativas especiales por clase. Los criterios para esta reducción y para la relación de alumnos por especialista deberían ser no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Tampoco podemos olvidar que la burocracia desbordante que soportan los profesores por cada niño se dispara si estos presentan necesidades educativas especiales, algo que detrae tiempo de otras tareas profesionales. Estas son solo algunas cuestiones que deben abordarse. La educación inclusiva de calidad requiere muchos recursos, especialmente humanos. Es imprescindible y urgente una legislación que ayude a lograr la consecución de los objetivos marcados. Y mientras los políticos siguen buscando titulares espectaculares para salir en los medios de comunicación, los profesores luchan por cubrir las necesidades de los alumnos para intentar darles una educación inclusiva y de calidad. Sin titulares, los profesores propician la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, una función que la sociedad ha de valorar. ¿Es políticamente incorrecto hablar de la dificultad que supone escolarizar a ACNEAE?