Buzón de Alcance 211

5 N u e s t r a o p i n i ó n a 1,2 metros, al tiempo que quiere revertir la reducción de ratios. Quienes hemos pisado más de un aula, sabemos que muchas no tienen las dimensiones necesarias para mante- ner esta distancia y dar cabida a 25 o 30 alumnos. Como en muchas otras ocasiones, nos piden la cuadratura del círculo. Por eso, ANPE-Madrid considera que es imperativo autori- zar de forma inmediata la jornada continua, para facilitar la adopción de medidas de prevención y seguridad con la antelación suficiente. En la Comunidad de Madrid la reticencia a autorizar la jornada continua, que facilita la implementación de otras medidas de seguridad, no nace de consideraciones orga- nizativas ni pedagógicas. De hecho, nunca se ha basado en criterios técnicos y esto se evidencia si analizamos la normativa que la regula. La Orden 502/2013, en su artículo 3.2.f, establece el si- guiente requisito: Validez de la votación: La votación será considerada válida si ha participado en ella un mínimo de dos ter- cios del total de personas que componen el censo y, para que la propuesta se considere aprobada, deberá constar la conformidad de un mínimo de dos tercios de los votos registrados. Es una norma que va en contra de la práctica generaliza- da de nuestro país en cuanto a la adopción de acuerdos, que se basa desde 1978 en el juego de mayorías. En la carta que menciono arriba y que podéis consultar desde la página 11 de esta revista, explicamos por qué es tan res- trictiva y contraria a la práctica normal para la adopción de acuerdos al más alto nivel de nuestro sistema democrático. Como afirmamos en dicha carta, parece poco razona- ble que la modificación de la jornada escolar requiera una participación mayor y un número de votos favora- bles superior al necesario para la aprobación de un Real Decreto o la investidura del presidente de la nación o de una comunidad autónoma. Tampoco es entendible que se aplique un requisito de participación tan elevado, cuando para poder constituir la mayoría de los órganos colegiados solo se requiere la mayoría absoluta o simple. En el caso de elecciones nacionales o autonómicas, ni siquiera existe un requisito de participación mínima. El voto es un derecho y hasta un deber, pero no una obli- gación. Una regulación que retuerce los principios democráticos se puede pervertir y utilizar de forma abusiva. Por tanto, no es sorprendente que llevemos años viendo cómo peque- ños grupos, haciendo un uso inadecuado de esta norma, se sitúan en el exterior de los centros para presionar y coac- cionar a los padres, y así evitar que participen en el proce- so electoral. Este año en algunos centros se han llevado a cabo campañas con el lema “Yo no voto”. Han convertido la no participación o la abstención en un “voto” más valioso que el emitido. Sin embargo, lo que realmente falla en la normativa y el planteamiento de la adopción de la jornada continua no es la forma sino el fondo. Falla la base sobre la que se sustenta. La norma nace desde una concepción errónea que equipa- ra la jornada escolar con la jornada asistencial. La jornada escolar se debe organizar en base a criterios pedagógicos, mientras que la asistencial debe atender a las necesidades de conciliación familiar de la sociedad. Las decisiones pe- dagógicas no deberían estar al albur de otro tipo de consi- deraciones. Se deben tomar con la intención de optimizar el proceso educativo. En la mayoría de los países occidentales, la jornada escolar es continua y no se decide ni siquiera a nivel del centro. En muchos de ellos se utilizan sus instalaciones para ofrecer una serie de actividades extraescolares, a cargo de otros profesionales, en la jornada asistencial. Que todos, incluso los docentes, aceptemos que sea una decisión en la que participa toda la comunidad educati- va indica hasta qué punto hemos dejado de reconocernos como profesionales y expertos de la educación. En toda la Unión Europea las administraciones son cons- cientes de que van a tener una falta grave de profesorado en el futuro. Las razones ya las he analizado en artículos anteriores, pero quiero destacar la del reconocimiento so- cial. Mientras que a los docentes no se les reconozca y se respeten sus decisiones, y toda la sociedad piense que puede opinar y decidir sobre cuestiones pedagógicas al considerar que no se requiere un conocimiento específico, nuestra profesión seguirá siendo poco atractiva y el plan B de demasiados estudiantes y futuros profesionales. La norma nace desde una concepción errónea, que equipara jornada escolar con jornada asistencial Como en otras ocasiones, nos piden la cuadratura del círculo