Buzón de Alcance 207

N u e s t r a o p i n i ó n 7 seguro, donde destacaba el establecimiento de cuatro escenarios diferentes cuya aplicación dependería de la situación sanitaria generada por la COVID-19, no fue hasta una semana antes de la incorporación de los docentes a las aulas cuando presentó sus líneas maestras para una vuelta segura a los centros educativos. Este retraso, como es lógico, se vio influenciado por la dejación de funciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que celebró su conferencia sectorial para preparar el inicio de curso aún más tarde. Resulta significativo el título de un artículo publicado en The New York Times el pasado 27 de agosto: “El país donde son más importantes las discotecas que las escuelas”. Esta organización contrarreloj provocó que muchas de las buenas medidas a implementar por la Comunidad de Madrid se llevaran a cabo con grandes dificultades. Este es el caso de la prueba voluntaria de test de anticuerpos a los docentes, cuya apresurada organización generó situaciones de contagio peligrosas para los docentes por las largas colas o que algunos profesores tuviesen que comenzar sus clases sin conocer los resultados. Todo ello derivó en un retraso en el inicio de las clases para algunos cursos. Otra de las consecuencias que ha generado esta crisis sanitaria en la educación madrileña ha sido la constatación de su déficit tecnológico. La plataforma EducaMadrid también ha tenido que actualizarse a las nuevas demandas y esperamos que todos los centros y la comunidad educativa reciban lo antes posible los recursos y la formación necesarios para no aumentar esta brecha digital. Desde ANPE-Madrid, una de las medidas más deman- dadas para garantizar la seguridad y la salud de nuestro alumnado y profesorado era la bajada de ratios. Este menor número de alumnos por aula en la Comunidad de Madrid, para la formación de grupos estables de convivencia, ha conllevado la incorporación de un importante número de nuevos profesores. Una consecuencia de la creación de estos grupos es la falta de espacios en los centros para albergarlos, que ha obligado a solicitar la colaboración de otras entidades en la búsqueda de nuevas aulas. Esta situación deriva de la falta de inversión en infraestructuras en los últimos años en la región madrileña. Es tal la demanda de profesorado que requiere la Comunidad de Madrid que muchas de las listas de aspirantes a interinidad se han agotado y ha sido necesaria la formación de listas extraordinarias. Quizás no tendríamos este problema si la profesión docente gozara de un mayor estatus social y reconocimiento por parte de los distintos sectores de nuestro país. Incluso desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha publicado el Real Decreto-ley 31/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, permitiendo a las comunidades autónomas nombrar también, con carácter excepcional, como funcionarios interinos para esas plazas originadas por la pandemia de la COVID-19, a aquellos aspirantes a las especialidades demandadas que no cumplan en ese momento con el requisito de estar en posesión del título oficial de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o equivalente. Desde ANPE, en un momento excepcional como este, estaríamos de acuerdo con esta medida siempre que no haya docentes suficientes con estos requisitos. La otra alternativa sería privar a los alumnos de su profesorado, con todo lo que ello supone en un momento de emergencia como este. Esperamos que esta educación en tiempos de COVID haga recapacitar por fin sobre las verdaderas prioridades de nuestra sociedad. Con voluntad política e inversión en educación, todas estas medidas deberían haber llegado para quedarse. Esta crisis ha evidenciado el déficit tecnológico en la educación madrileña