Buzón de Alcance 201

Pero, como es bien sabido, esta norma nunca ha sido del agrado de algunos sectores, que consideran que tanto el Decreto de Convivencia de 2007 como la Ley de Autoridad del Profesor son normas basadas en un enfoque culpabilizador y punitivo de los conflictos escolares, que no propician la labor educativa en la prevención y no cuentan con la participación de toda la comunidad educativa en su desarrollo y aplicación. El proyecto de decreto presentado por la Consejería de Educación e Investigación, con carácter de urgen- cia y sin el debido debate previo con todas las orga- nizaciones sindicales mayoritarias de la educación pública madrileña, más parece responder a las exi- gencias de esos mismos sectores que a las verdaderas demandas y necesidades de los docentes. ANPE-Madrid rechaza este borrador porque sitúa al profesor como un miembro más de la comunidad edu- cativa, difuminando su determinante papel como pro- fesional de la educación –elemento clave del sistema educativo– y su condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Considera a los docentes como una parte más del problema de la conflictividad en los centros y no como lo que realmente son: el factor fundamental para su solución. E D I T O R I A L Rotundo rechazo al borrador del nuevo Decreto de Convivencia E L pasado 18 de enero, la Comisión Permanente del Consejo Escolar aprobó, con el voto en contra de ANPE, el dictamen en relación con el proyecto de decreto por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Pésima noticia para el colectivo docente y para la educación en general. El nuevo proyecto pretende derogar el vigente Decreto de Convivencia del año 2007 que tanto ha contribuido, junto a la Ley de Autoridad del Profesor, a mejorar la convivencia esco- lar desde el respeto a todos los miembros de la comu- nidad educativa y a crear el necesario clima de sosiego para poder desarrollar con normalidad los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicho decreto supuso para el profesorado y los equi- pos directivos un notable cambio con respecto al anterior decreto de 2002, mucho más permisivo, burocratizado y plagado de cautelas para los alumnos con conductas contrarias a las normas de convivencia. Entre otras virtudes, la actual normativa sobre con- vivencia escolar que rige en la Comunidad de Madrid reconoce expresamente el derecho y el deber de los profesores a ejercer su autoridad sobre los alumnos; prescinde de eufemismos políticamente correctos y habla con claridad de disciplina, normas de conducta y autoridad; agiliza y desburocratiza los procedimien- tos sancionadores; establece el principio de inmedia- tez en las sanciones y la capacidad sancionadora se atribuye expresamente a los profesionales de la edu- cación: profesores, tutores, jefes de estudio y direc- tores. El Decreto de Convivencia vigente y la Ley de Autoridad del Profesor han contribuido a mejorar la convivencia escolar 3