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también dice que “La mediación tiene carácter volun- tario, pudiendo ofrecerse y acogerse a ella todos los miembros de la comunidad educativa que lo deseen”. Debería aclarar que nunca se aplicará a docentes. • La posibilidad de que actúe como mediador “cualquier miembro de la comunidad educativa que lo desee, siem- pre y cuando haya recibido la formación adecuada para su desempeño”, sin especificar de qué formación se trata, quién la proporciona, en qué condiciones, etc. • Las tareas adicionales que cada figura o perfil creado para la puesta en marcha de estos procedimientos impli- can para un profesorado que aún sigue padeciendo las consecuencias de los recortes, cuya reversión no ha con- cluido, así como el incremento de la burocracia para centros y docentes. • La consideración como circunstancia atenuante de la “negativa expresa del alumno o alumna perjudicado” a participar en una mediación, situación que podría darse incluso en el caso de faltas muy graves, donde la parti- cipación en este procedimiento podría ser percibida por el “perjudicado” como una doble victimización. • La referencia a que el profesorado “tendrá la formación necesaria” para participar en procedimientos de media- ción y acuerdo educativo, sin explicar en qué consiste, cómo o cuándo se adquiere ni quién la imparte y finan- cia. El proyecto no va acompañado de una memoria eco- nómica. • La reducción de sanciones, un mensaje que, lejos de ami- norar la conflictividad en los centros, puede contribuir a su incremento, dadas las menores consecuencias de las conductas disruptivas, en un proyecto que resulta más garantista con los agresores que con las vícti- mas. Con un lenguaje eufemístico, el borrador emplea en muchos casos la expresión “medidas correctoras” en lugar de “sanciones”, dos conceptos diferentes y complementa- rios que pueden coexistir, o “acciones contrarias a la con- vivencia escolar” por actos de indisciplina, acoso, etc. ANPE-Madrid considera que la aplicación de este proyecto de decreto tendría por consecuencia un deterioro de la convivencia en los centros, mediante la depreciación de la disciplina, el respeto a las normas, la cultura del esfuerzo, el valor de la educación como elemento fundamental para el crecimiento intelectual, afectivo, social y como vía de inserción en una sociedad cada vez más exigente. Esto oca- sionaría serios perjuicios a los docentes y, sobre todo, a los propios alumnos, cuyo derecho a la educación ha de ser tutelado por mandato constitucional. Instamos a la Consejería a tramitar un asunto tan delicado con un calendario más amplio, contando con la participa- ción de los representantes mayoritarios del profesorado de la enseñanza pública, así como a valorar sosegadamente cuanto proponemos con ánimo constructivo y como pro- fesionales de la educación. ANPE-Madrid anima a los docentes de la enseñanza pública a leer este borrador de Decreto de Convivencia y hacernos llegar su valoración a anpe@anpemadrid.es . I n f o r m a c i ó n s i n d i c a l 11