Buzón de Alcance 201

E L proyecto de decreto ha sido presentado por la Consejería de Educación e Investigación con carácter de urgencia y sin el debido debate previo con todas las organizaciones sindicales mayoritarias de la educación pública madrileña. Este borrador está destinado a sustituir al vigente Decreto 15/2007, de 19 de abril, una norma cuya aplicación ha con- tribuido a reducir la conflictividad y mejorar la convivencia en los centros, según los sucesivos informes del Defensor del Profesor de ANPE-Madrid, y que cuenta con el bene- plácito de gran parte de los equipos directivos y el profe- sorado. El texto más parece responder a las exigencias de deter- minados sectores de mayor visibilidad mediática que a las verdaderas demandas de los profesionales de la educación y significa un retorno al antiguo Decreto 136/2002, de 25 de julio, que contribuyó a dificultar considerablemente la labor educativa por su permisividad hacia los comporta- mientos antisociales y los actos de indisciplina. ANPE-Madrid rechaza los siguientes aspectos del proyecto de decreto, entre otros: • La inclusión reiterada del profesor entre los miembros de la comunidad educativa como un integrante más, difuminando su papel como profesional de la educación y elemento clave del sistema educativo. • Las escasas referencias a su autoridad y la omisión de mencionar la Ley de Autoridad del Profesor, a pesar de haber sido Madrid la comunidad autónoma donde se promulgó la primera norma de este tenor en 2010, luego puesta en marcha por otras autonomías. • El excesivo protagonismo atribuido al alumnado en la gestión del centro y de la convivencia. • El papel preponderante asignado a las familias, que pro- picia su intromisión en aspectos técnico-profesionales de los docentes, como su participación en la elaboración y revisión del proyecto educativo de centro o las normas que regulan la organización, el funcionamiento, el gobierno, la convivencia, la disciplina y la evaluación del centro educativo, entre otras atribuciones. • El derecho de los alumnos “a no asistir a clase a partir del tercer curso de la ESO, cuando haya sido resultado del ejercicio del derecho de reunión”, una admisión fác- tica del derecho de huelga. • La inclusión, entre los deberes del alumnado, del de “seguir las directrices del profesorado respecto a su edu- cación y aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden durante el horario del centro”, una supresión implícita de los deberes domiciliarios, rei- teradamente solicitada por los sectores que los han cuestionado mediante campañas mediáticas, al tiempo que se atenta contra la libertad de cátedra. • La consideración de falta grave de “la omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad edu- cativa, cuando la comunicación pudiera realizarse sin riesgo propio ni de terceros”, exigiendo a alumnos menores la capacidad y madurez suficientes para dis- cernir la entidad de ciertas actuaciones, así como los riesgos que puedan implicar. • La prescripción, incluso para faltas leves, de que “pre- viamente a la imposición de la sanción se dará audiencia al alumno”, un constructo de difícil encaje en situacio- nes reales de aula, donde puede plantear serias dificul- tades operativas. • La aplicación de los procedimientos de acuerdo educa- tivo y mediación a las llamadas “acciones contrarias a la convivencia escolar”, incluso las graves y muy graves. • La dimensión excesiva que presenta la mediación, una modalidad de resolución de conflictos que, en el ámbito educativo, solo habría de aplicarse entre iguales y para casos de escasa entidad. Si bien el proyecto se refiere a su aplicación en “situaciones de simetría entre iguales”, Borrador de nuevo Decreto de Convivencia ANPE-Madrid lo considera un retroceso y rechaza el papel asignado al profesorado I N F O R M A C I Ó N S I N D I C A L 10 ANPE-Madrid manifiesta su rechazo al Proyecto de Decreto por el que se establece el marco regulador de la con- vivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid por el papel que asigna al profesorado de la ense- ñanza pública, al tiempo que propicia la intromisión de otros miembros de la comunidad educativa en aspectos organizativos y técnico-profesionales de los docentes, y porque implica un retroceso hacia la antigua normativa que fue sustituida con ventaja por el actual Decreto 15/2007.