Buzón de Alcance 199

N u e s t r a o p i n i ó n 8 nente del Consejo Escolar del Estado aprobó dos propuestas de ANPE: por un lado, que el horario máximo lectivo sea de 18 horas en Secundaria y de 23 horas en Infantil y Primaria, y por otro, que las ausencias del profesorado sean atendidas desde el primer día en este curso escolar. En cuanto a la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos últimos años, el Acuerdo firmado en la Mesa General de Empleados Públicos resulta insu- ficiente y se queda muy lejos del 20% de pérdidas acumuladas por el profesorado madrileño desde el año 2010. Del mismo modo, el modelo de evaluación de los profesores (voluntario, confidencial y con incentivos económicos) propuesto por el impulsor de la LOGSE, Álvaro Marchesi, y por Eva María Pérez, profesora de la Universidad Complutense, genera muchas dudas y mezcla el sistema de acceso con el sistema de desarrollo profesional. Por último, volvemos a los temas recurrentes como el MIR educativo, la evaluación de los profesores, la formación docente… y olvidamos muchos de los importantes problemas que lastran el día a día del profesorado en el aula. En Madrid, al menos, en breve percibiremos el 100 % del salario desde el primer día en casos de baja por incapacidad temporal. Pero res- pecto a las ratios, nuestra comunidad ocupa una de las posiciones más negativas en cuanto al número medio de alumnos por unidad en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, según una elaboración propia a partir de los datos proporcio- nados por la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente, hay que mejorar la atención a la diversidad, los inicios de curso, los programas de gestión de los centros, el sistema de préstamos de libros… En definitiva, nos corresponde a todos hacer un esfuerzo para unificar criterios con el objetivo de combatir prioritariamente el fracaso escolar en nuestra comunidad autónoma en particular y en España en general, aún mucho más alto que la media europea, y propiciar la mejora del éxito edu- cativo de nuestro alumnado, que a fin de cuentas será el futuro éxito de nuestro país. C OMO vemos llueve sobre mojado, sin que los gobiernos españoles hayan querido poner el paraguas. Desde 2015 hay sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Supremo de que, en aras al equilibrio lin- güístico, al menos el 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano. A ver si desde Europa hacen entrar en razón al Gobierno español, se con- sigue que se cumplan las sentencias y colateralmente se corrige otra injusticia, que no es otra que la vul- neración del principio constitucional de IGUALDAD, en el acceso a la función pública docente, al establecer como requisito el idioma cooficial de la región con- vocante del proceso selectivo. El artículo 23.2 de nuestra Constitución dice: “ Asimismo, tienen derecho a acceder en condi- ciones de igualdad a las funciones y cargos públi- cos, con los requisitos que señalen las leyes.” El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu- bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 55 relativo al acceso al empleo público dice: “Todos los ciudadanos tienen derecho al acce- so al empleo público de acuerdo con los principios El idioma cooficial no puede ser requisito en el acceso a cuerpo estatal Manuel Diez Diez Exvicepresidente de ANPE-Madrid “La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanoha- blantes en los centros educativos de la región, a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe. (24-4-18)”