Buzón de Alcance 199

N u e s t r a o p i n i ó n Por último, la reivindicación histórica de ANPE de que los docentes sean considerados Autoridad Pública –que en Madrid conseguimos en 2010– no se ha materializado en todas las Comunidades. No parece razonable que seamos o no Autoridad Pública según la región en la que nos encontremos. Los profesores somos cuerpos estatales y debemos gozar de los mismos derechos, especialmente si estos hacen posible cumplir con nuestros deberes. Para terminar, quiero citar al director del Servei de Politica Lingüística de la Universitat de València, Rafael Castelló, quien al preguntarle acerca de la obligación de tener el C1 de Valenciano impuesta a los profesores de Universidad en Valencia respon- dió: “Más que una restricción es una capacita- ción, porque queremos que los profesores sean competentes en las dos lenguas que habla la sociedad que les paga ”. En eso sí parece que impera el criterio de igualdad: todos los españoles pagamos por igual, haciendo posible la incoherencia de nuestros políticos, que permiten que no seamos iguales ante la ley, con el agravio de que ni siquiera somos desiguales de la misma manera. Los reinos de taifas. Igual de desprotegidos frente a las desigualdades. Esteban Serrano Tamayo Secretario de Organización H AN pasado casi dos años desde que el Pleno del Congreso ratificara la creación de la Subcomisión encargada de buscar un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación. Por aquel diciembre de 2016, un halo de esperanza se vislumbraba entre el profesorado, cansado de los vaivenes educativos a que nos some- tía la clase política. Por fin, parecía que todo el mundo era consciente de la importancia de una estabilidad en el sistema educativo que impidiera la utilización de la educación con fines electoralis- tas. Durante sus casi dos años de existencia, unos 80 expertos expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos que debía contemplar una nueva legis- lación educativa, comenzando con la comparecen- cia de nuestro presidente nacional, Nicolás Fernández Guisado. Como muchos se temían y ya vaticinaron en su momento, el Pacto Educativo consumó su fracaso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. La razón fue económica, pero podía haber sido cualquier otra que enmascarara la falta de interés por sentar las bases de la ansiada y verdadera reforma educativa. De nuevo nos olvidamos de nuestros alumnos y, por ende, del futuro de nuestra sociedad. Los vaivenes de la educación 7 Cuando todos nos creíamos que la educación sería aparcada hasta la proximidad de las futuras elec- ciones, las distintas fuerzas políticas se descuelgan con diferentes y sorprendentes propuestas que no pusieron encima de la mesa durante todo este largo proceso de negociación. Por desgracia, entre ellas no se encuentran las tan necesarias y reivindicadas por ANPE, ley de la profesión docente y el estatuto del profesorado. Así, para derogar algunas de las medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que afectaban gravemente a la calidad del sistema educativo y a su profesorado, el actual Gobierno presentó este pasado mes la lla- mada Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia. Este proyecto de ley permite que sean las comunidades autónomas, y no el Ejecutivo central, las que determinen el número de horas de clase que debemos impartir los docentes, contribuyendo aún más a la desvertebra- ción del sistema educativo y a las diferencias entre las comunidades autónomas ya palpables, por ejemplo, a nivel salarial a pesar de ser cuerpos fun- cionariales de carácter estatal. Por ello, la perma-