Buzón de Alcance 198

N u e s t r a o p i n i ó n 9 Fernando Martín Ferreras Secretario de Acción Sindical A raíz de los sucesos acaecidos en un centro de Educación Especial en Getafe donde, a la espera de las decisiones judiciales, la Administración ha dictaminado que no se han pro- ducido hechos constitutivos de sanción, una parte de la sociedad y determinados medios de comuni- cación han determinado que los profesionales que han sido investigados son culpables. La presunción de inocencia, que es garantía en un Estado de dere- cho, es arrebatada y automáticamente son reos de terribles crímenes contra sus alumnos y se piden para ellos las mayores condenas posibles. El linchamiento mediático ha sido constante. La búsqueda de testimonios que avalasen esas supues- tas malas praxis ha sido incesante, pero sin embargo los padres que defendían la labor intachable que día a día se lleva a cabo en el centro han sido silen- ciados de manera vergonzante. La situación a la que están siendo sometidos los claustros de estos centros es sumamente injusta. Que su labor, ejercida más allá de lo exigible, sea denigrada por quienes desconocen la realidad es algo que no alcanzan a entender. No interesa contar que quienes a diario sufren agre- siones son los docentes y demás personal del centro. Que es raro el día en que no vuelven a sus casas con un arañazo, un moratón o un mordisco. Ellos no se quejan. Conocen y quieren a sus alum- nos, saben que sus crisis y comportamientos dis- ruptivos son parte de sus características, que es parte de su trabajo canalizar y tratar de minimizar sus efectos y que ello conlleva, en muchos casos, recibir una patada, un puñetazo o un empujón. Si la labor de enseñar ya es por sí difícil, en este tipo de centros se convierte en una tarea a la que no todo el mundo es capaz de enfrentarse. Los que allí la ejercen lo hacen cargados de compromiso, actitud y profesionalidad. Sin esta mochila resulta imposible aguantar emocionalmente todo lo que este tipo de enseñanza conlleva. Pese a contar con innumerables recursos y que para cada alumno existen adaptaciones individuales, el proceso es arduo. Los pequeños avances son cele- brados con emoción por parte de padres y profesores, puesto que solo ellos saben el trabajo que hay detrás de cada paso de estos alumnos tan especiales. Las decisiones que cada día deben tomar estos pro- fesionales ante episodios de violencia no pueden ser comprendidas por quienes no saben, o no quieren saber, qué tipo de alumnado permanece en esos cen- tros. De una forma descontextualizada se invita a creer, desde el más absoluto desconocimiento, que no se está tratando a los alumnos de forma adecuada. Se echa en falta una respuesta contundente por parte de la Administración ante estas maniobras que tienen como objetivo acabar con un modelo de enseñanza que ha demostrado una gran eficien- cia con una tipología de alumnos que, no olvide- mos, han sido derivados a la escolarización en este tipo de centros por unos profesionales indepen- dientes y cuyo único interés es buscar la mejor res- puesta posible, decidiendo que estos centros son los más adecuados. Una mayor difusión de la labor y los resultados obtenidos es algo absolutamente necesario. La Administración, poseedora de los medios para llevar esto a cabo de forma satisfac- toria, debe contrarrestar inmediatamente el ataque que a estos centros públicos se ha realizado. También resulta imprescindible un reconocimiento administrativo a los docentes que prestan sus ser- vicios en estos centros. La voluntariedad para acce- der a ellos –como antes indiqué, hay que estar hecho de una pasta muy especial para poder Unos grandes profesionales La presunción de inocencia, que es garantía en un Estado de derecho, es arrebatada