Buzón de Alcance 190

sando el final de las actividades lectivas, tras la realiza- ción en junio de esas pruebas extraordinarias. Exponía, además, otras razones en favor de esta medida, señalando que las vacaciones son para disfrutar, en com- pañía de las familias. Estudiar durante el verano es un inconveniente para estas, ya que condiciona sus planes estivales y dificulta la conciliación de la vida familiar. En muchos casos, deben pagar un profesor particular para que el alumno logre superar los exámenes de septiembre, lo que constituye un elemento discriminatorio o es impo- sible para los más desfavorecidos. Adelantar los exáme- nes a junio es una demanda ampliamente refrendada por los directores de los institutos, que podrían planificar con mayor desahogo en el mes de julio el curso siguiente y facilitar el arranque en septiembre. Además, nos pondrí- amos en sintonía con lo que se hace mayoritariamente en Europa. Contribuiría a una mejor gestión de los pro- cesos organizativos de la propia Consejería de Educación en lo relativo al comienzo de curso y la asignación de las plantillas. Sólo un 20 % de los alumnos que se presentan en septiembre aprueba asignaturas pendientes. Sin embargo, no compartimos la mayoría de estas razo- nes. La mejora de los procesos organizativos de los insti- tutos y de la Consejería de Educación no debiera hacer- se a costa de modificar un calendario escolar ni ser un condicionante de tanto peso para alterar los tiempos de la actividad educativa. Los procesos de organización y gestión de entidades complejas se sitúan en otro plano, cuyas soluciones están relacionadas con la organización o la producción empresarial o industrial, y hay que sol- ventarlos con más dotación de recursos humanos, mate- riales y técnicos, y con perfiles especializados en la ges- tión y organización de procesos, sabiendo que en el mes de septiembre se produce el famoso “cuello de botella” del arranque del curso, debido a la alta tasa de interinos que hay en la Comunidad de Madrid (más del 20 % de la plantilla). Ahí es donde debieran centrarse los esfuerzos para dotar al sistema de personal funcionario, que faci- litaría en gran medida los procesos organizativos, causa principal esgrimida para el cambio de calendario, al tiem- po que se reduciría la precariedad en el sector docente. Trasladar los exámenes extraordinarios de septiembre a junio es devaluar el sentido de esas pruebas y conver- tirlas en una segunda oportunidad a modo de repesca. Tras la fatiga y el cansancio acumulados por los alum- nos a lo largo del curso, detectable a partir del mes de mayo, y con tiempo escaso entre la evaluación final y las pruebas extraordinarias, es muy difícil para quienes tengan materias pendientes conseguir los objetivos y estándares de aprendizaje necesarios para aprobar. Suprimir las pruebas de septiembre implica privar a los alumnos que están dispuestos a emplear tiempo y esfuer- zo en verano para estudiar, lo que para ellos supone mayo- res garantías que en junio para aprobar. Salvo que se trate de establecer unas pruebas extraordinarias más laxas y se reduzca la exigencia para maquillar los resultados. Dicho esto, cabría contemplar una modificación del calendario escolar de la Comunidad Madrid si va en la línea del calendario de Cantabria para este curso, que mantiene los 175 días lectivos establecidos en la LOE, adelanta cuatro días el inicio del curso escolar, retrasa otros cuatro la finalización de las actividades lectivas, establece cinco bimestres con cinco periodos de descan- so a lo largo del curso y traslada los exámenes de sep- tiembre a junio. El modelo cántabro, basado en un patrón que siguen más de veinte regiones y países europeos desde hace años, introduce elementos de racionalidad que merece la pena considerar. Adelantar cuatro días el comienzo de curso y retrasar otros cuatro su finalización es acepta- ble y podría compensar las objeciones mencionadas, si a finales de octubre o principios de noviembre y en febrero se establecen unos días de descanso para los alumnos, de forma que haya periodos de siete semanas lectivas alternos con períodos de descanso. Esta distri- bución sería óptima para mantener el ritmo de apren- dizaje a lo largo del curso – evitando los tediosos y lar- guísimos primer y segundo trimestres, que hacen que los alumnos tras la Semana Santa acusen el cansancio y la fatiga, y estén deseando acabar– y llegar a final de curso más desahogados para afrontar con ciertas garan- tías las pruebas extraordinarias. En esos periodos de descanso de noviembre y febrero, deberían promoverse la apertura de los centros y la orga- nización de actividades no formales o lúdico-deportivas con personal contratado por los ayuntamientos, que pue- dan favorecer la conciliación de las familias que lo pre- cisen. Un elemento que contribuiría a la creación de empleo, que ya ha sido desarrollado en otras épocas en diferentes municipios madrileños y del resto de España. Reducir las vacaciones de verano es impensable en España. Adentrarse en el mes de julio con actividades lectivas o comenzar las clases en los primeros días de septiembre es perjudicial para el alumnado –como se ha demostrado en la Comunidad Valenciana– debido al calor extremo del período estival de los países medite- rráneos y más en el interior peninsular, con instalacio- nes escolares que no están adaptadas, mal aisladas y sin aire acondicionado. A eso, hay que añadir la galbana natural que afecta a las personas y en mayor medida a N u e s t r a o p i n i ó n 6