Buzón de Alcance 188

Si durante el primer trimestre del curso que ahora fina- liza, dimos al consejero un margen de confianza para que encarrilara la política educativa y entendimos que no era posible plantear de golpe todas las cuestiones pendientes para el profesorado, llegados al mes de junio se hace inevitable reclamar que al comienzo del curso 2016-2017 estén encaminados los asuntos pendientes. Es una prioridad para nosotros iniciar en septiembre la negociación del Acuerdo Sectorial, fallida durante este curso. En paralelo, y a la vista de cómo se dotan con cien- tos de millones de euros los “grandes acuerdos”, pondre- mos sobre la mesa la recuperación de todos los derechos perdidos por el profesorado de la enseñanza pública madrileña en los últimos cinco años. La vuelta a las dieciocho horas lectivas en Secundaria, el pago de las tutorías, la adaptación de los permisos y licencias al resto de funcionarios, los derechos sindica- les son algunos de los temas que deben abordarse sin más dilación, o el profesorado entenderá que se le está tomando el pelo y que su situación sigue sin ser una prioridad para los políticos regionales. ANPE va a estar al lado de los intereses del profesorado –en solitario o con los apoyos que considere oportunos– y va a reclamar, sin paliativos, un incremento significa- tivo de la inversión educativa que permita la reversión de los recortes, el refuerzo de las plantillas en los cen- tros, la reducción de la alta tasa de profesorado interi- no, situada en un 20 % en nuestra región. Todas estas medidas, que son lo sustancial, deben ser incorporadas a ese pacto regional por la mejora educativa para que ANPE pueda sumarse a él y esto conlleva inevitablemen- te que se destine una partida presupuestaria para su desarrollo pues, atendiendo al precedente del acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno regional, los sindi- catos mayoritarios y la patronal, sería impensable un pacto educativo a coste cero después de varios años de recortes y desinversión. Situados de lleno en la contienda electoral, por segun- da vez en el curso, algunos partidos abogan por la dero- gación de la LOMCE si llegan al poder. Otros, ante una nueva cita con las urnas, apuestan por anunciar medi- das educativas descontextualizadas y sin datos previos que las avalen, basadas en estereotipos o en suposicio- nes no contrastadas, más cercanas a la ocurrencia opor- tunista que a lo que realmente necesita la educación. Si algo faltaba para completar este panorama tan poco amable hacia el profesorado, ansioso del cambio real de talante que parecía augurar esta nueva legislatura, las gotas que han colmado el vaso de su paciencia han sido, por una parte, los “cuestionarios de contexto” realizados a los alum- nos de sexto de Primaria, sus familias y la dirección de los centros, y por otra, la polémica resolución sobre los debe- res escolares, aprobada en la Asamblea de Madrid. Sin cuestionar la evaluación de sexto de Primaria, los cues- tionarios de contexto que la han acompañado han gene- rado la indignación de los profesores de la enseñanza pública, y el rechazo de ANPE, que han visto cómo en ellos se han incluido preguntas o ítems totalmente subjetivos (¡a los alumnos de sexto de Primaria!), sobre aspectos cla- ves de la práctica docente que no debían figurar en ellos de ningún modo, pues no era el momento de evaluar al profesorado. En ellos solo debían aparecer preguntas que realmente sirvieran para determinar el nivel socioeconó- mico y cultural de los centros, al objeto de contextualizar los resultados de la evaluación de los alumnos. Y lo que es más grave, en su elaboración se prescindió de la opinión de los docentes y fueron “olvidados” por la Administración educativa estatal cuando estableció, en la Resolución de 30 de marzo de 2016, quiénes eran sus des- tinatarios. La Consejería de Educación madrileña tenía la potestad de subsanar al menos esta omisión e incluir otro cuestionario destinado al profesorado, pero tampoco lo hizo. El debate suscitado tras la aprobación en la Asamblea de una PNL en la que se pretende que sea la Consejería quien regule el tiempo o la duración semanal de los deberes y el tipo de tareas que pueden o deben poner los profesores es un claro ejemplo de intromisión inacep- table en el ámbito técnico profesional del docente y en la autonomía de los centros. Por tanto, pocas luces y muchas sombras en el curso que finaliza e incertidumbre para el próximo. Es preciso que los máximos responsables políticos entiendan que deben dar mayor relevancia al profesorado en la toma de deci- siones de los asuntos importantes de la educación y en las políticas que le afectan. Los profesores, con su saber y experiencia, son el contrapunto necesario que debie- ran tener en cuenta quienes gobiernan para acertar en las decisiones educativas y que sus propuestas puedan ser compartidas, y no pretender suplantar su punto de vista por el de consejeros áulicos o asesores designados a dedo. Mientras no se involucre especialmente al profesorado, que está a pie de aula, y a las organizaciones represen- tativas como principales aglutinantes, cualquier acuer- do o pacto será imposible, y las reformas y medidas seguirán teniendo fecha de caducidad. E d i t o r i a l 4 Es una prioridad iniciar en septiembre la negociación del Acuerdo Sectorial