Buzón de Alcance 186

D e f e n s o r d e l P r o f e s o r sobre los problemas que encuentran los docentes para desarrollar su labor y las consecuencias sobre su estado anímico y psicológico”. Asimismo, Melcón lamentó que la Administración no asumie- ra su responsabilidad ni pusiera los medios para “medir fehacientemente la verdadera dimensión de los riesgos psicosociales o psicolaborales del profesorado ni el estado de la convivencia en los centros, ambas cuestiones en relación directa”. Aunque en general la convivencia escolar ha mejo- rado desde 2007, por la aplicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y la Ley de Autoridad del Profesor, de 2010, no debe olvidarse la incidencia de los recortes en esta comunidad, donde desde 2010 se han perdido unos 7500 docentes, que junto con la falta de inversión en los últimos años, la reducción de recursos, la defi- citaria atención a la diversidad y otras medidas adversas han añadido presión al profesorado y, en consecuencia, su estado anímico y psicológico ha empeorado. Señala Melcón que “muchos docentes se resignan con las situaciones problemáticas y, aunque les provoquen estrés o ansiedad, adoptan la postura del ‘profesor plastilina’, para que los problemas no se agraven con denuncias o enfren- tamientos con padres, alumnos o Administración”. Francisco Melcón señaló la tipología de las actuacio- nes, donde destacan la falta de apoyo de la Administración y los equi- pos directivos cuando los profesores han sido cues- tionados por alumnos y padres, en lugar de dar su apoyo apriorístico, basado en la presunción de ino- cencia, así como el acoso y las amenazas con falsas acusaciones de padres y alumnos, que minan la moral y confianza de los profesores. En la Comunidad de Madrid se ha abierto un deba- te sobre convivencia escolar —recordó Francisco Melcón— y se creará un Observatorio de la Convivencia, que se dictaminará en el Consejo Escolar. “Es fundamental que se resuelvan los pro- blemas de conducta, se ponga coto a la violencia de alumnos y familias, y el profesorado reciba apoyo de los equipos directivos y la Adminis- tración”, afirmó, e indicó sobre qué bases se debe sustentar cualquier normativa de convivencia: • Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser tratados con consideración, dignidad y respeto. • Las conductas de maltrato verbal, físico o psi- cológico deben considerarse inaceptables. • Los centros docentes deben ser entornos salu- dables y libres de violencia. • El respeto a los demás debe reconocerse como el valor y pilar fundamental de la convivencia. • Las normas sirven para regular la convivencia en la escuela y en la sociedad, y su cumplimiento garantiza el derecho a la integridad física y moral, y el derecho a la educación. • La mejora de la convivencia escolar y el respeto al profesor son la clave para asegurar una edu- cación efectiva y de calidad. • Tolerancia cero para las conductas violentas. 1 5

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