Buzón de Alcance 172

N U E S T R A O P I N I Ó N E n condiciones normales, sería tiempo de debate y propuestas, con una ley educativa en ciernes y con bastante necesidad de cambio en nuestro sistema educativo, pero ni a nuestras autoridades educativas pare- ce que les interese organizarlo, ni al profesorado partici- par. No son tiempos normales, son tiempos de injustifica- dos y desproporcionados recortes que caminan en sentido opuesto al pretendido objetivo gubernamental de “mejo- rar la calidad educativa”. En los centros de secundaria, aún resuenan los ecos de las 20 horas lectivas del curso pasado, que mermaron los efectivos docentes en una media de 6 o 7 profesores por centro, con la correspondiente disminución de servicios y que, como forma de solución, para el presente se adopta el aumento del horario complementario del profesorado. En los centros de primaria desparecen como media 25 horas de docencia por centro, que sin lugar a dudas en algo se emplearían. En todos, reducción de programas de atención a la diversidad, desaparición de desdobles, refuerzos, retrasos en la cobertura de sustituciones, etc. ¿Y en el profesorado? Rebaja de cerca de un 15 % del salario, desaparición de las licencias por estudios, supresión de las ayudas de formación, pérdida del contrato del vera- no del profesorado interino, disminución de contratación de este personal, etc. Y por si esto fuera poco, ¡no te pongas enfermo! Tu salario ya no está asegurado, programa tus gastos mensua- les contemplando tal posibilidad. ¡El colmo! Son muchos y variados los recortes que estamos sufrien- do el profesorado. No olvidemos que la Comunidad de Madrid ha sido pionera y ya comenzó en 2009 con la con- gelación de los complementos específicos, pero no hay nin- guno que haya hecho tanta mella entre el colectivo como la reducción de haberes en situación de incapacidad tem- poral. Es el tema estrella de comentario en la actualidad. “¡Ya no podemos ni ponernos enfermos!” “¡Hasta ahí llega el grado de desprotección y desconsideración!” “¡Nadie valora cuando hemos venido a trabajar sin poder hablar!” Son algu- nas exclamaciones, lamento y a la vez protesta, que oímos en nuestras visitas a los centros educativos. La verdad es que no es para menos. Ciertamente no es una medida impuesta en exclusiva por la Comunidad de Madrid, aunque sí es cierto que fue la primera que lo inten- tó, sin poder aplicarla por chocar con la legislación estatal para funcionarios, usándola en exclusiva el personal labo- ral. Se nos habla de “efecto disuasorio y no recaudatorio”; uno tiene sus dudas y derecho a no creérselo. Todos sabemos que ha habido mínimos abusos, no más de uno o dos por centro, frente a la res- ponsabilidad del resto, que en muchos casos ha acudido al centro en condiciones salubres más propias de reposo que de actividad laboral, primando más la vocación y la res- ponsabilidad que su salud personal. ¿Y para estos qué? Nadie pone en cuestión perseguir el fraude, lo haga el pro- fesor, el médico, el cura, el político… pero no a costa de menospreciar al honrado. Como digo, la aplicación de esta medida viene impues- ta por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , de ámbi- to estatal, el mismo que nos suprime la paga extraordina- ria, que ahora algunas Comunidades Autónomas piensan restituir. Pero no es menos cierto que el propio Real Decreto, en su artículo 9 punto 5, dice: Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se consi- deran debidamente justificados los supuestos de hospita- lización e intervención quirúrgica. Efectivamente las distintas administraciones, incluida la del Estado para sus funcionarios, han ido incorporando excepciones: incapacidades derivadas del embarazo, apli- cación a partir del tercer día (antes no hay parte de baja), enfermedades crónicas, oncología, etc. Desde luego, el principal responsable es el Gobierno central, primero por establecer el decreto y segundo por su abierta redacción. Una vez más, los funcionarios de la Comunidad de Madrid somos diferentes y, a día de hoy, no tenemos más excepciones que las debidamente obligatorias. Esto lo sabe el profesorado y de eso se habla en estos momentos en los centros, con cierta rabia, indignación y rechazo. Estamos a tiempo, sentémonos a negociar. ANPE- Madrid lo ha pedido reiteradamente. Busquemos solucio- nes dialogadas, dentro de la sensatez y el sentido común, y consideremos a los profesores de Madrid en el contexto general. No queremos privilegios, pero tampoco discrimi- naciones. Manuel Diez Diez Vicepresidente de ANPE-Madrid Secretario estatal de Acción Social de ANPE ¿Qué hablamos, qué comentamos en los centros? 2