Buzón de Alcance 172

reconocimiento de autoridad pública en el ejercicio de su fun- ción en varias autonomías. Una condición que le otorga mayor protección jurídica, pero que lleva inherente una mayor responsabilidad a la hora de actuar, pues transita en paralelo con el deber imperativo de mayor diligencia y eficacia en la custodia de nuestros escolares. El caso de Mónica arroja la sospecha de una acción educativa de baja intensidad, relajada en el cumplimien- to de las normas de conducta y en la imposición de valo- res elementales de respeto a la dignidad de los demás. Es rechazable el relativismo moral que impregna las solu- ciones, arbitradas en el sentido contrario al que debieran y humillantes. El consejero de Castilla-La Mancha, con el cri- terio moral cambiado, manifestaba en rueda de prensa, con total naturalidad, que la menor no había comunicado a los docentes que se sentía acosada y ni siquiera quiso cambiar- se de instituto. Refiriéndose a las indagaciones realizadas en el centro, determinaba que "no se había detectado un rei- terado acoso entre iguales" y, por tanto, no vio necesario trasladar a la menor a otro centro. Manifestaba también que se le ofreció cambiarse de clase y de compañeros, para mejorar su estancia en el instituto. No tenía bastante Mónica como víctima de las vejaciones de sus compañeros, sino que además, con esa solución, lo era por partida doble al ser penalizada frente a sus agresores. No es posible que la máxima autoridad educativa de la región aturda y confunda a la comunidad educativa y a la opinión pública con el pervertido mensaje de que los acosadores sigan escolarizados en los mismos centros donde ejercen la violencia, en las mismas aulas en que humillan y agreden a sus compañeros, amparados en la certeza de la impunidad de sus actos y en la aquiescen- cia de sus compañeros, forzada por el miedo a su mato- nismo. Una mínima dosis de sentido común debiera ser suficiente para que los Consejos Escolares de los centros establecieran en sus protocolos —y las autoridades edu- cativas de forma obligatoria en la normativa de conviven- cia—, la protección y atención preferentes a las víctimas cuyos derechos, incluido el de escolarización, deben pre- valecer en estos casos frente a los de sus acosadores. Sirvan estas líneas sentidas para testimoniar, en nom- bre de quienes formamos parte de ANPE, nuestra com- prensión y cercanía con la familia de Mónica y con todos los que, en silencio, sufren el acoso escolar. E D I T O R I A L 1 Acoso escolar y responsabilidad Desde entonces, hemos venido denunciando el relati- vismo moral y la cautela con que se tratan estos fenóme- nos, en algunos casos con desenlace fatal. Un lenguaje políticamente correcto, plagado de eufemismos, difumi- na el problema, enmascara la gravedad de conductas injustificables y sirve de coartada para no actuar con mayor determinación y valentía en la protección de los alumnos más débiles. Hemos conseguido en estos siete años el reconoci- miento de mayor autoridad para el profesor, dotándole del E L pasado 13 de noviembre fallecía Mónica Jaramillo, una chica ecuatoriana de dieciséis años que cursa- ba 2.º de la ESO en un instituto de Ciudad Real, tras haber permanecido en estado crítico varios días, después del intento de suicidio motivado por un presunto caso de acoso escolar. Un suceso que coincide en el tiempo con el séptimo aniversario del suicidio de Jokin, un escolar de Hondarribia, el 21 de septiembre de 2004, por idénticos motivos. ¿Qué ha fallado en el centro educativo donde acudía Mónica, para que nadie se haya percatado de las reitera- das humillaciones y crueldades sufridas? Es difícil respon- der desde fuera. Solo tras la visita de su padre al centro para quejarse del trato que recibía su hija se activaron los meca- nismos de alarma. Nadie había notado nada. El orientador del centro, tras reunirse con la alumna y dos compañeros suyos, presuntos acosadores, determinó que "no existía caso de reiterado y continuo acoso entre iguales". En 2005, ANPE-Madrid puso en marcha el Defensor del Profesor como un ente específico que se ocupase del fenómeno de la violencia escolar. Su finalidad, plenamen- te vigente, es concienciar a toda la comunidad educati- va y a la sociedad de su relevancia y gravedad, a la vez que denunciar la permisividad e inoperancia de los pro- tocolos de actuación, los cuales no impiden que los alum- nos violentos perciban que sus actos tienen consecuen- cias y campen a sus anchas. Es rechazable el relativismo moral que impregna las soluciones arbitradas