Buzón de Alcance 170

D E F E N S O R D E L P R O F E S O R 2 4 Muchos profesores/as soportan en primera persona las consecuencias de una normativa que no beneficia a nadie. El desempeño de nuestra labor educadora, ya de por sí comple- ja, se vuelve insostenible cuando en el grupo nos encontramos con alumnos que sufren trastorno de personalidad y necesitan ayuda terapéutica. Los que viven o han vivido esta experiencia saben bien de qué estoy hablando. No desde luego de un alumno de educación especial, de integración o TGD, sino de alguien que nece- sita recibir terapia médica en centros especia- lizados. Tengo conocimiento de las actuaciones que puede llevar a cabo este tipo de alumnado por las huellas que en sus víctimas, profesores o compañeros, van dejando: profesores/as con un brazo en cabestrillo, señales de golpes y mordiscos, caídas inducidas con lesiones; alumnos del centro con marcas de arañazos, moratones, cortes o una brecha en la cabeza; mobiliario destrozado… Sin olvidarnos de las consecuencias que este trastorno tiene para el propio alumno, ya que pueden llegan a la autoagresión. Y aquí estamos todos sufriendo, no tan pacientemente, la lentitud burocrática del “vuelva usted mañana “ y de una maquinaria legal que no ve o no quiere ver la indefensión ni las consecuencias negativas que esta situa- ción acarrea a toda la comunidad educativa. Los palos en las ruedas aparecen desde el pri- mer instante que se detecta el problema. Se parte de una premisa falsa: considerar por definición que la palabra “padre” o “madre” faculta a las personas a actuar, según la ley, como un buen padre de familia, y todos sabe- mos que no siempre es así. Por lo tanto, esta- blecer como requisito la autorización previa de los padres para dar paso a una evaluación psi- copedagógica y así poder llevar a cabo el pos- terior tratamiento hace aguas por todos los costados del barco. Agua que, por mucho que se empeñe el profesorado en achicar, acaba por hundir el barco, y con él la posibilidad de dar una solución al problema. Los responsables dilatan en el tiempo su actuación: por un lado, unos padres que se niegan a reconocer el problema y a que su hijo sea evaluado; por otro, la Administración edu- cativa, que no toma con diligencia cartas en el asunto para impedir daños mayores a toda la comunidad educativa, y por último los ser- vicios sociales, que con su omisión están poniendo en peligro no solo la integridad físi- ca del profesorado y de otros menores, sino también el bienestar de este alumno al impe- dir que reciba la ayuda que necesita. Pedimos que se asuman responsabilidades, que no se mire para otro lado. Los niños con tras- tornos de personalidad, por el bien de todos, requieren una rápida evaluación y prescripción médica desde el Área de Salud Mental, quie- ran o no los padres, para llevar a cabo su ingre- so en un Centro Educativo Terapéutico (CET), centro de día donde el alumno pueda recibir terapia médica y ayuda educativa sin perder la relación con su centro educativo de origen. Centros terapéuticos: la solución a un problema Por: Inmaculada Suárez Valdés Coordinadora estatal del Defensor del Profesor Secretaria estatal de Comunicación de ANPE