Buzón de Alcance 170

1 3 B u z ó n a b i e r t o Alguien debió llevarse la parte de esa riqueza ‘extra’ que jamás revirtió en los funcionarios. Desde que estalló la crisis hemos venido sufriendo, no ya la congelación, sino la reduc- ción de nuestros salarios. No eran, desde luego, funcionarios, los que, entonces, se enriquecieron con las enormes comisiones y beneficios de todo tipo que generó una tan incontrolada como ingente gestión inmobiliaria. O por los tantísimos cré- ditos injustificados que concedieron bancos y cajas de ahorros, por ejemplo. Nunca, ni en los mejores tiempos, los emplea- dos públicos hemos obtenido subidas de suel- dos por encima del IPC. Al contrario. Los Gobiernos de turno siempre encontraban todo tipo de obstáculos para impedir que pudiéra- mos recuperar un poder adquisitivo tantas veces perdido. Y desde que estalló –o se reconoció– la crisis, también nosotros hemos venido sufriendo, no ya la congelación, sino la reducción de nuestros salarios. El aumento de las horas y de la cantidad de trabajo. La supresión de opo- siciones, y el estancamiento, la reducción, incluso de las plantillas. No conozco ningún colectivo de empleados públicos que no piense que en nuestras Administraciones hay muchas cosas que refor- mar para ser lo bastante eficaces como para responder a las exigencias de un Estado moderno y civilizado como queremos que sea España hoy, y en el futuro... Y puedo asegurar que a nadie perjudica más un funcionario vago, absentista o desleal, que a sus propios compañeros. Porque pue- den sufrir las consecuencias de su desidia y tienen que encargarse, además, del trabajo que él no hace. Hagamos lo necesario, por tanto, para evitar que estos comportamientos queden impunes. Y dejemos de arrojar sobre todos los funcio- narios, con generalizaciones injustas y deba- tes tramposos, la sombra de una descalifica- ción y una responsabilidad, que no es nuestra. Porque cuando se habla de la dimensión de nuestra Administración Pública –que, por cier- to, según un estudio de la EAE Business School se encuentra en la tabla media de las del resto de países europeos – se suelen confun- dir muchas cosas, que no se deberían mezclar. En los distintos niveles administrativos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se han venido integrando, no se sabe bien cuántas personas, pero sin duda muchas, –dada la dimensión de nuestra estructura política e institucional– con carác- ter eventual. Sin exámenes, sin oposiciones. Sólo por pura discrecionalidad. Hay entidades públicas que ni siquiera se sabe bien a qué se dedican. Competencias que se solapan en varias administraciones que termi- nan, además, delegando en un organismo, empresa, consejo, comisión o entidad que, a mayores, crean expresamente para ello. Acabar con toda esta dispersión, disgregación y falta de control también es, claro, otra reforma pendiente. Tantas veces anunciada, pero siempre pospuesta, al menos por los dos grandes partidos nacionales. Puede que por- que, en alguna medida, su propio peso políti- co también guarde relación con el manteni- miento de este sistema. Pero si resulta que es tan importante adelga- zar nuestro sector público para recuperar una confianza que nos permita salir de la crisis, es posible que haya llegado el momento de que no podamos aplazar, más tiempo, todas esas reformas. Y que, en consecuencia, debamos empezar a plantearnos quiénes son los que van tener que apagar los incendios. Y dejarnos de demagogias.