Buzón de Alcance 159

LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR S E antoja inminente la aprobación definitiva de la Ley de Autoridad del Profesor, a falta del último trámite en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Todo nuestro empeño y trabajo en ANPE-Madrid por otorgar al profesor la categoría de “autoridad pública” ha dado sus frutos. Es un logro esencial de ANPE, que también intentarán capitalizar otros sectores, pues, como dijera el que fue presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, “La victoria tiene un centenar de padres, pero la derrota es huérfana” . En todo caso, nos alegramos de su aceptación general, a pesar de los excepcionales ataques esperados. Desde el anuncio en septiembre pasado por la Presidenta de la Comunidad de llevar adelante esta Ley, el proceso ha mar- chado rápido. Los trámites obligados han acelerado el traba- jo en Comisiones Permanentes y celebración de Plenos del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en el último tri- mestre del 2009 y el mes de enero del presente año. En todas las ocasiones, ANPE-Madrid ha defendido a capa y espada esta Ley, fundamentada y reclamada con especial ahínco, sobre todo en los últimos cinco años. Debemos esperar el texto definitivo y la capacidad real de su aplicación práctica. El Borrador de Dictamen al anteproyecto de Ley, aprobado en la Comisión Permanente y en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, empieza por recordar el artículo 104.1 de la LOE, que exige a las administraciones la “obliga- ción legal de que el profesorado reciba el trato, la conside- ración y el respeto acordes con la importancia social que tiene encomendada por la sociedad”. Este artículo, incumpli- do en la actualidad, es un hito pendiente. Señala también el Dictamen que los profesores “además de la autoridad que les confiere su saber, están investidos de una autoridad institu- cional por ejercer la función primordial de la docencia”. No está de más tal distinción, para desterrar la demagogia y con- fusión con que intencionadamente se quiere atacar esta Ley de Autoridad. Se afirma que “la autoridad del profesor es condición esen- cial para avanzar en un sistema educativo de calidad” … Abundan, en fin, las consideraciones generales justificativas de la Ley en reconocer al profesorado como “factor crítico de calidad educativa” , como el “elemento más decisivo para hacer avanzar el sistema educativo”. Se reconocen, por otra parte, las agresiones que en los últimos años han padecido los profesores, así como el clima de indisciplina y des- orden en el aula y entorno, basado todo ello en numero- sos estudios, entre los que destacamos los elaborados y publicados por ANPE-Madrid y su servicio El Defensor del Profesor. Los prolegómenos de esta Ley definen, con sencillez y clari- dad meridianas, que “la autoridad demanda respeto y obe- diencia; comporta la aceptación de una jerarquía, no nego- ciable, entre el que enseña y el que aprende“. Y que “nuestro sistema educativo ha visto depreciarse, poco a poco, el res- peto y la autoridad del profesor” . De ahí la oportunidad de esta Ley que, ante una enmienda presentada por ANPE-Madrid en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el 27 de noviembre de 2008, adoptó el acuerdo, por una inmensa mayoría, de “instar a la Consejería de Educación a que estudie las vías jurídicas más oportunas para conferir al profesorado la condición de Autoridad pública en el ejercicio de su función” . ¿Y cuál es el objetivo fundamental de esta Ley? Sencillamente, recobrar la autoridad del profesor y el orden en las aulas como requisito imprescindible para el ejercicio efectivo de los dere- chos individuales en materia de educación. Es decir, hacer cumplir el Artículo 27, apartado 1, de la Constitución, y que las funciones de profesores y alumnos queden salvaguarda- das, como piden el sentido común y el clamor general de la sociedad. Junto a esta Ley, se necesitan otras medidas educativas acor- des en esta dirección. Y pensamos en el interrogante Pacto Educativo, y en el Estatuto Docente, donde quedan por arre- glar y enderezar carencias y errores del sistema actual, en donde el profesorado sea una referencia vital. Las recientes y desafortunadas declaraciones del Ministro de Trabajo, que igual podría ser de Educación, al referirse al bom- bazo de las jubilaciones, y despachar que “no es lo mismo trabajar en un andamio que ser profesor” denotan, además de ignorancia sobre el tema, una desconsideración absoluta hacia el trabajo y el valor social de los profesores. E D I T O R I A L “La autoridad comporta la aceptación de una jerarquía, no negociable, entre el que enseña y el que aprende” Nuestro empeño y trabajo en ANPE-Madrid por otorgar al profesor la categoría de “autoridad pública” han dado sus frutos 1