Buzón de Alcance 159

A N P E a l d í a 9 Fernando Jiménez Guijarro, presidente de ANPE- Madrid , centró su intervención en el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, de inminente aprobación, tras un proceso muy rápido e intenso, que ha incluido un debate profundo. ANPE-Madrid ha defendido siem- pre a capa y espada este proyecto, resultado de un arduo trabajo de nuestra organización. La ley, inicialmente escueta, se amplió con el Dictamen del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que mejoró considerable- mente su justificación y antecedentes. En la exposición de motivos se evoca el artículo 104 de la LOE, según el cual las Administraciones educativas están obligadas a velar para que el profesorado reciba el trato, la consi- deración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. El texto señala que “la filosofía de las leyes que han regido la educación en España y los cambios sociales han traído consigo una crisis evidente del con- junto de las instituciones educativas y del papel del profesor”. Esto se ha traducido en “un descenso de la valoración social de la función docente y una pérdida de autoridad de los profesores”, que ANPE-Madrid ha venido denunciando. Jiménez Guijarro mencionó el informe TALIS (2009) de la OCDE, que hace hincapié en las agresiones a profe- sores y la situación de violencia e indisciplina en las aulas, y sitúa a España en el último lugar de los veinti- trés países participantes en el estudio. El programa PISA de la OCDE, anterior a éste, trata dos aspectos relacio- nados con alumnos de quince años: la falta de respeto al profesor y los comportamientos disruptivos en las aulas. España presenta 11,3 puntos en la falta de respe- to y 19,3 en la disrupción en las aulas, con relación a los países de la Unión Europea. Comparados con Finlandia, los porcentajes alcanzan 21,4 y 20,8 puntos respectivamente. Todo esto delata una situación grave, que requiere una corrección inmediata. Según el estu- dio del Defensor del Menor de 2006, sobre convivencia, conflictos y educación, un 31,6% de los alumnos de la ESO está muy en desacuerdo con que en su centro hay orden. “En la Comisión Permanente del Consejo Escolar he defendido también los estudios que nuestra organi- zación ha hecho en este sentido con la Fundación Jiménez Díaz, los estudios Cisneros VIII y IX y, sobre todo, el estudio ininterrumpido del Defensor del Profesor, desde 2005”, dijo el presidente de ANPE-Madrid. Las consideraciones generales del Dictamen destacan que “los profesores y maestros constituyen el elemen- to más decisivo para hacer avanzar el sistema educa- tivo” o aluden al profesorado como un factor de cali- dad verdaderamente crítico. El documento recoge fra- ses lapidarias respecto a la autoridad del profesor, que “demanda respeto y obediencia; comporta la acepta- ción de una jerarquía, no negociable, entre el que ense- ña y el que aprende.” Distingue la autoridad moral y académica –que el profesor debe ganar con su valía, sus conocimientos, su saber– de la autoridad institucional para ejercer la función primordial de la docencia. En definitiva –insistió el presidente de ANPE-Madrid– esta Ley es absolutamente oportuna y empezará a apli- carse en unos dos meses. De su eficacia dependerá la mejora del sistema educativo. ANPE la seguirá defen- diendo no sólo en Madrid sino en toda España, conscien- te de que no es la panacea. Ahora se habla de un Pacto Educativo, otras leyes, un Estatuto de la Función Pública Docente. En ese marco, la nueva ley debe coadyuvar a que el sistema educativo mejore, valorando el saber, los conocimientos, la calidad de la educación. Inmaculada Suárez Valdés, coordinadora del Defensor del Profesor, destacó que las novedades en los datos del servicio correspondientes al curso 2008-09, el reco- nocimiento de la autoridad del profesor y la posibilidad de alcanzar un Pacto Educativo son cuestiones primor- diales que responden al sentir del profesorado. Las esta- dísticas de la Memoria de Madrid son aplicables al pano- rama estatal. Incluso algunas llamadas recibidas en nuestra comunidad proceden de otras autonomías. A continuación, analizó las denuncias de los 3549 profe- sores que se pusieron en contacto con el servicio a nivel estatal; de ellos, 2425 corresponden a Madrid, donde ha habido un ligero incremento respecto al curso anterior. En la distribución de llamadas por niveles , un 49% corresponde a Secundaria, donde más difícil resulta dar clase. Entre las razones se encuentran la madurez del alumno y que, en algunos casos, sus intereses no se corresponden con los objetivos y contenidos aplicados. Así mismo, debe tenerse en cuenta que es una enseñan- za obligatoria. Cuando el alumno puede optar, el nivel de conflictividad se reduce considerablemente. En Primaria, el 35% de los profesores denuncia que deter- minados alumnos se niegan a cumplir las normas y se vuelven agresivos cuando no pueden imponer su volun-